SEMANA 4: MEDIO AMBIENTE

Así se roban el agua de ríos y quebradas en Colombia

En pleno fenómeno del Niño se han encontrado 95 captaciones ilegales en 38 afluentes.

No solo la intensa sequía que afecta al país desde el año pasado ha sido un factor determinante para que decenas de ríos vivan sus días de caudales más bajos en la historia. Uno de los elementos que agudiza la emergencia son las captaciones ilegales de agua por parte de campesinos, gremios de agricultores y hasta empresas, que toman el líquido para su beneficio, desviando los cauces e impiden que llegue a las poblaciones que, en muchos casos, sufren por el desabastecimiento.

En los últimos seis meses las Corporaciones Autónomas Regionales han emprendido una cruzada en busca de los usurpadores de agua, que se están ‘chupando’ el poco líquido que les queda a los ríos y quebradas. Durante los operativos se encontraron 95 captaciones ilegales en 38 ríos del país, donde las situaciones más críticas se evidencian en Neiva, Tolima, Quindío y La Guajira.

Las complicaciones que acarrean estas captaciones, explica Ramón Leal, director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), en primera instancia afecta por la disminución del agua para el consumo humano, pero también pone en grave riesgo el caudal biológico, que es el que se requiere para que exista la vida dentro del mismo ecosistema hídrico.

En cuanto a los responsables, Leal señala que “los campesinos son quienes, por su propia creencia, asumen que el agua es un recurso que está disponible e infinito. No tienen fortalecido el tema de la legalidad, entonces como el agua pasa cerca a sus fincas, la toman sin permiso”.

Pero los campesinos no son los únicos que se roban el agua. De acuerdo con Asocars, hay al menos doce empresas y gremios agrícolas que tienen procesos sancionatorios abiertos por captaciones ilegales de agua. Algunos de ellos se valen de trinchos, estructuras en piedra y madera, que desvían el agua hacia un cultivo. Mientras que otros utilizan motobombas para captar el agua y llevarla por conexiones ilegales hasta sus predios.

Unas de las empresas sancionadas por una intervención fraudulenta sobre el río Maracas, entre Becerril y Cesar, es la Sociedad Monterrey SAS y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), a quienes Corpocesar responsabilizó a finales del 2015 de captar aguas de esta cuenca sin permisos por más de 10 años, perjudicando a otros agricultores de la región.

Kaleb Medina, director de Corpocesar, explica que las sanciones a estas empresas, por valores que ascienden a más de 213 millones de pesos, se iniciaron luego de una queja de un agricultor y tras la investigación se encontraron evidencias de la construcción de unos trinches para desviar agua a unas plantaciones de melina propiedad de estas empresas.

En la actualidad, Monterrey y Finagro interpusieron alegatos que están siendo analizados por Corpocesar. Pero para Medina, "es como si los pájaros le tiraran a las escopetas. Los infractores se roban el agua y las corporaciones hacen todo el esfuerzo para sancionarlos, y estos vienen después a defender lo indefendible".

Por su parte, Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, indica que estas captaciones ilegales le han ganado la ‘competencia’ al agua que se dirige hacia las bocatomas de los acueductos, dejando a muchas poblaciones en riesgo de desabastecimiento.

“Cuando uno empieza a mirar los acueductos, se evidencia que la línea matriz está totalmente chuzada para riegos e industriales”, señala Henao, que hace un llamado a las alcaldías para que denuncien a las personas que se roban el agua, pues esta situación agudiza la emergencia en las poblaciones por el tiempo seco.

Riesgo en Neiva

Uno de las cuencas con mayores afectaciones es Las Ceibas, que surte de agua al acueducto de Neiva, en el río durante las últimas semanas se encontraron siete captaciones ilegales, según la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).

Esta dificultad en Las Ceibas es uno de los componentes que pone en riesgo el abastecimiento del líquido en la ciudad. Incluso, Carlos Alberto Cuéllar, director de esa entidad, ya alertó que desde hace dos meses el río ha reducido 2.100 litros por segundo su caudal, y de seguir así podría verse comprometido el suministro.

Por estas captaciones de agua, la CAM abrió procesos sancionatorios y Alfredo Vargas, secretario de Gobierno, anunció acciones inmediatas, como la revocación de concesiones de agua.

“Se conceden por 30 o por 50 litros y están explotando 180 o 190 de manera indebida, porque no existe un control adecuado. Le vamos a exigir a la Fiscalía que inicie –dado que se está cometiendo un delito–, si es necesario, procesos de extinción de dominio para aquellos propietarios que insistan en cometer de manera reincidente este tipo de delitos ambientales”, señaló Vargas.

Explotan el Ranchería

A pesar de que La Guajira es uno de los departamentos más afectados por la falta de recursos hídricos para el consumo humano, el gremio arrocero está consumiendo sin permisos parte del agua del río Ranchería, perjudicando el abastecimiento las comunidades de Riohacha, Manaure, Albania y Barrancas.

Según Manuel Medina, director de Corpoguajira, en un 80 por ciento, en época de sequía, las captaciones ilegales son responsables de la falta de agua en La Guajira.

La situación, cuenta Medina, se complicó cuando se construyó la represa del Ranchería, inaugurada en el 2010, donde se pasó de cultivar 300 hectáreas de arroz a 1.500, escenario que genera que cuando hay caudales bajos el agua no alcance y ocurra el acaparamiento irregular.

En la zona, Corpoguajira realiza un monitoreo permanente; de hecho, comenzó 15 procesos sancionatorios (7 a empresas y 8 a personas naturales), pero el trabajo parece no tener fin. “Nosotros hacemos la labor y de la nada las personas vuelven a hacer esos desvíos del cauce. Con la Fuerza Pública estamos trabajando para ejercer un control permanente y evitar que capten el agua ilegalmente”, denuncia.

El director de la entidad indica que este escenario es nuevo para la parte baja de departamento y agrava la problemática del desabastecimiento, pues el río siempre mostraba buenos caudales, pero con esta sequía se evidencia el déficit de caudal con relación al manejo que se le da por parte de los agricultores, a quienes les pide que deben ser conscientes de que el agua es limitada.

Otras regiones afectadas por la usurpación de agua son Quindío y Tolima, en donde las autoridades ambientales han descubierto 36 captaciones ilegales.

En Quindío, las conexiones ilegales se evidenciaron en nueve municipios tras operativos en los afluentes La Picota, Barragán, Los Justos, La Cascada, entre otras, cuyos responsables fueron personas naturales (20) y dos empresas de la región.

Por su parte, en el Tolima a las 14 usurpaciones del líquido se suman otras 15 quejas relacionadas que están en investigación por Cortolima.