ADVERTENCIA: CAMBIO DE BLOG...

Debido a los inconvenientes presentados en este blog, se habilitó el siguiente blog:  http://lalecturamueve6.blogspot.com.co/ para realizar los comentarios de la SEMANA 7 y los demás de aquí en adelante.

Nota: el presente blog "LA LECTURA MUEVE SEXTO" sera inhabilitado el día viernes 1 de abril de 2016.

SEMANA 7:NACIÓN 2

Se frena discusión sobre cese definitivo del fuego: FARC

A contados días de que se venza el plazo fijado por las partes, se acentúan las diferencias entre el Gobierno y las FARC en el punto del fin del conflicto. 

Las FARC dijeron este lunes que la discusión con el Gobierno sobre un cese del fuego bilateral y definitivo, paso previo a la firma de la paz, se "frenó un poco" y culpó a su contraparte del nuevo traspié en las negociaciones.

"La mesa no está paralizada, pero se frenó un poco la discusión que tenemos (...) sobre el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo", admitió Carlos Lozada, negociador de paz de las FARC en La Habana.

El jefe rebelde, que evitó hablar de crisis en las negociaciones, señaló que las nuevas desavenencias surgieron por la supuesta intención del Gobierno de imponer una "rendición incondicional" de la guerrilla a través de un acuerdo de cese del fuego bilateral.

"Lo que se quiere es (...) intimar una rendición incondicional por parte de la insurgencia y de eso no se trata. Se trata de un proceso de paz y no de una desmovilización de una guerrilla", comentó Lozada.

El equipo de paz del Gobierno no se pronunció de inmediato sobre estas declaraciones.

Comprometidas desde el 2012 en una compleja negociación que busca acabar con medio siglo de conflicto armado, las partes desistieron la semana pasada de firmar un acuerdo definitivo de paz el 23 de marzo, como se habían comprometido, a la luz de las diferencias que han surgido en la recta final.

Las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos ya se pusieron de acuerdo en cuatro de los puntos previstos: problema rural, cultivos ilegales, reparación de víctimas y participación en política de las FARC.

Sin embargo, restan por cerrar el cese definitivo del enfrentamiento (que incluye la dejación de armas) y el mecanismo para refrendar los pactos, en los que persisten serias diferencias.

Sobre el primer punto, las FARC y el Gobierno intentan acordar las zonas en Colombia donde se concentrarían las tropas guerrilleras durante el proceso de desarme bajo la verificación de Naciones Unidas.

Lozada indicó que tras "haber avanzado significativamente" en la discusión de este punto, la delegación del Gobierno presentó un documento que "prácticamente reversaba lo que se había logrado avanzar en los últimos meses en ese tema del cese al fuego".

"Frente a la discusión estamos buscando fórmulas que permitan que se salve lo que habíamos logrado avanzar para poder continuar adelante, de lo contrario, sería muy difícil porque se pierde la credibilidad de lo que se va construyendo", advirtió

SEMANA 7:NACIÓN

 Colombia y Nicaragua vuelven a La Haya

Mientras Nicaragua, beneficiada con la delimitación que hizo la Corte Internacional en 2012, busca revisar ese fallo, Colombia argumenta que es cosa juzgada para que no cambie. ¿Qué está en juego?

Colombia volverá esta semana a un estrado judicial que se ha vuelto familiar: la Corte Internacional de Justicia, organismo que estudia dos demandas de Nicaragua contra el país. En esta ocasión, ocupará el asiento de la delegación colombiana el nuevo agente del caso, Carlos Gustavo Arrieta. La canciller María Ángela Holguín y el otro asesor del gobierno, Manuel José Cepeda, esperarán el fallo en Bogotá, acompañando al presidente Juan Manuel Santos. También estarán a la expectativa el grupo de juristas extranjeros contratado por la Cancillería y el home team que ha apoyado el trabajo desde esa entidad.

Se trata de un proceso sobre la forma y no sobre el fondo. Ante las dos demandas interpuestas por Nicaragua, Colombia le pidió a la corte que, en vez de estudiarlas, acepte que no es competente para fallar sobre las dos materias. Aunque, en principio, este jueves no se definirá nada –porque todo depende de la providencia definitiva– lo que digan los magistrados, y los argumentos con que respalden su decisión –es decir, si estudiarán, o no, los temas de fondo– darían indicios claros sobre su intención. Por eso, la sesión de este jueves en La Haya, aunque no tendrá una última palabra, es crucial para la definición de los derechos marítimos que tiene Colombia alrededor y en las vecindades del archipiélago de San Andrés y Providencia, en el mar Caribe.

El origen del proceso es toda una paradoja. La corte de La Haya (CIJ) falló en noviembre de 2012 una primera demanda de Nicaragua, y fijó una delimitación de las jurisdicciones marítimas de los dos países en el mar Caribe que dejó insatisfechas a las dos partes. La línea trazada es más favorable a Nicaragua en cuanto se extiende al oriente del meridiano 82, que Colombia consideró siempre la frontera marítima entre los dos países. Pero rechazó la pretensión nicaragüense de aceptar una plataforma continental extendida (derechos sobre el subsuelo, dependientes de la formación geográfica de las costas) que llegaría hasta un punto medio entre el archipiélago de San Andrés y la costa Caribe colombiana.

En una decisión anterior, en 2007, la corte había aceptado el argumento colombiano de que no tenía competencia para declarar la nulidad –pretendida por Nicaragua– del tratado de 1928 suscrito por los dos países. Según este, los territorios de Nicaragua y de Colombia se distribuyen, en términos de soberanía, con referencia al meridiano 82: todas las islas, islotes y costas situadas al este son de Colombia y los que están en el lado oeste son de Nicaragua. La corte ratificó en 2007 a favor de Colombia la soberanía del archipiélago y la vigencia del tratado, pero en esa misma decisión dijo que el meridiano 82 no delimitaba los derechos sobre el mar. Una cosa es de quién son los territorios (archipiélago, islas, islotes, cayos y demás) y otra, muy distinta, hasta donde se extienden los mares territoriales que generan esas costas. La corte estableció después, en 2012, la línea que define los límites entre los derechos marítimos de Colombia y Nicaragua.

Pero los dos países, a su manera, se molestaron con este fallo. Colombia, en medio de críticas a la corte –que el gobierno llegó a calificar de “enemiga”– se retiró del Pacto de Bogotá que la obligaba a aceptar la jurisdicción de la CIJ, y dijo que la delimitación trazada en noviembre de 2012 es inaplicable y que, según la Carta Política, los límites solo pueden modificarse mediante tratados internacionales. El gobierno del presidente Santos elevó una consulta a la Corte Constitucional, que avaló esa tesis, y promulgó un decreto que fija las líneas de las costas del archipiélago de San Andrés y Providencia que deben tomarse como referencia para determinar las fronteras.

Nicaragua, el país que con más frecuencia acude a la Corte Internacional de Justicia, interpuso dos nuevas demandas contra Colombia. Una, para denunciar que esta no ha cumplido el fallo de noviembre de 2012. Y la otra, para insistir en que ese organismo se pronuncie sobre la plataforma continental extendida que llega hasta el propio centro del Caribe.

La posición de Colombia, sometida a veredicto este jueves, es que la corte no puede estudiar los dos casos. El del incumplimiento del fallo de 2012, porque Nicaragua no ha atendido llamados para acordar un tratado que defina los límites, que es lo que establece la Constitución de1991. Y el de la plataforma extendida, porque la propia corte de La Haya ya se pronunció contra Nicaragua en 2012. Es cosa juzgada: la corte ya dio su última palabra. Existen otros argumentos, en la parte colombiana, como el hecho de que el país se retiró de la jurisdicción de la CIJ.

Pero Nicaragua, en la otra esquina, dice que el fallo de 2012 en materia de delimitación marítima es definitivo y no puede depender de decisiones internas ni de fallos de organismos nacionales –como la Corte Constitucional– que no pueden estar por encima del derecho internacional. Aunque Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, este mismo establece que un país miembro conserva un año de aceptación de la competencia después de su retiro, y Managua tuvo el cuidado de hacer estas demandas antes de que se cumpliera ese periodo.

En el otro caso, el de la plataforma continental expandida, los abogados del gobierno de Daniel Ortega dicen que cuando la corte negó la demanda nica en 2012, lo hizo de acuerdo con la información disponible en el momento sobre la estructura geográfica de las costas, pero que aún hay estudios técnicos por hacer. Según la Convención del Mar –que obliga a Nicaragua pero no a Colombia– tales investigaciones le corresponden a la Comisión de Límites de la ONU, que podría tardar años más –cerca de una década– en pronunciarse.

Lo que está en juego, en síntesis, es un punto de forma que, sin embargo, tiene implicaciones jurídicas en el mediano plazo, y políticas inmediatas. Aunque la corte unificó los procesos de las dos demandas, en teoría podría fallarlas de manera distinta. Es decir, determinar que sí es competente para estudiar el alegato nicaragüense sobre el incumplimiento de Colombia del fallo de 2012 y reiterar que ya desechó el análisis de la demanda sobre la plataforma extendida. O al contrario: no estudia el desacato y sí la plataforma. O rechaza ambas, o las acepta. Incluso podría optar por alternativas intermedias. Habrá que estudiar la minucia del texto que se dará a conocer este jueves.

Desde el punto de vista político también hay valiosas cartas en juego. En un ambiente polarizado como el que hay en Colombia, el gobierno pagaría un costo si, en el caso de que el fallo sea adverso al país, mantiene la tradición de respetar las decisiones de los organismos de derecho internacional. En el otro sentido podría desconocer el fallo –con posibles aplausos en el campo doméstico- pero debilitaría su credibilidad y su posición ante la comunidad internacional y, especialmente, en el sistema de la ONU, justo cuando le está pidiendo a su organismo de máximo nivel –el Consejo de Seguridad- que verifique el cumplimiento de los eventuales acuerdos de cese al fuego y fin de las hostilidades con las Farc.

El panorama político es difícil, incluso, si las decisiones son favorables. Es decir, si la corte acepta el argumento colombiano de que no tiene competencia para estudiar las demandas nicaragüenses sobre dos puntos. Aun en este escenario nada se modificaría en relación con los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, trazados por la CIJ en noviembre de 2012, que la opinión nacional considera un despojo arbitrario.

El tema es tan complejo, técnico y politizado, que Nicaragua está buscando una especie de apelación del fallo de noviembre de 2012, que le fue favorable comparado con la posición tradicional colombiana. Mientras tanto, la diplomacia de San Carlos lo defiende –y aspira a que se considere cosa juzgada– porque es una mejor alternativa frente a las ambiciones desatadas por Nicaragua después de noviembre de 2012. Toda una paradoja.

SEMANA 7:LIDERAZGO 4

SEMANA 6:LIDERAZGO 3

SEMANA 6. MUNICIPAL

Capturan nuevamente al alcalde de Yopal, Jhon Calzones

En octubre de 2015 había sido arrestado por los delitos de urbanización ilegal. Salió libre a finales de ese mismo año, se posesionó como alcalde pero este domingo fue recapturado por el delito de lavado de activos. 

El polémico alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, más conocido como “Jhon Calzones”, fue recapturado por el delito de lavado de activos. La Fiscalía y al Dijin lo arrestaron nuevamente por un supuesto lavado de activos, luego de que revisaran un sus estados financiero desde 2012 y descubrieran que al parecer obtuvo un incremento de su patrimonio injustificado en $50.000 millones. Además, en las últimas semanas denunciaron que el alcalde de Yopal habría sobornado funcionarios judiciales para salir de prisión. Dora Emilse López Vega, esposa de "Jhon Calzones" también fue capturada este domingo.

“Jhon Calzones” había sido capturado en octubre de 2015 días antes de las elecciones, luego de que la Fiscalía evidenciara que la ciudadela “La Bendición” era una construcción ilegal, pues estaba asentada en un terreno que había sido embargado el 11 de junio de 2014 porque supuestamente había pertenecido a testaferros de Daniel Barrera, alias el “Loco Barrera”. El nuevo proceso contra Jhon Torres se da porque al parecer utilizó la sociedad constructora Ciudadela La Bendición S.A.S., manejada por la hermana de Torres, Genny Milady Torres, como fachada para impulsar un proyecto de viviendas de interés social y darle apariencia de legalidad a dineros ilícitos.

Por eso la Fiscalía abrió el segundo proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La génesis de todos los líos de “Jhon Calzones” surgen de la Ciudadela La Bendición, un proyecto de vivienda que nunca contó con los permisos de las autoridades locales y que, al parecer, utilizó Torres como maquinaria para llegar a la Alcaldía de Yopal. Las primeras acciones que tomó la Fiscalía contra Torres fue en mayo de 2015, cuando le embargó 10 bienes por, al parecer, estar involucrado en un proceso de lavado de activos.

La historia de estas tierras ubicadas al sur de Yopal donde fue construida la ciudadela la Bendición está vinculada a la del narcotraficante Germán Sánchez Rey, alias “Coletas”, capturado en 2010 y extraditado a España en 2011. Tras el arresto de “Coletas”, quien tenía nexos con el capo “Loco Barrera”, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía abrió un proceso para arrebatarle sus propiedades. En esas pesquisas encontraron los nombres de los hermanos Néstor Leonardo y Jairo Enrique Pérez Barreto, quienes fueron señalados de ser testaferros de “Coletas”. El primero de ellos fue el que compró en 2010 los terrenos donde hoy está La Bendición, que posteriormente pasaron a manos de Jhon Torres.

Fue un negocio que, según las autoridades, se realizó con dineros de “Coletas”, ya que descubrieron que Néstor Pérez no tenía capacidad económica para concretar la compra, que tuvo un costo de $900 millones. Además se demostró que el avalúo real de la propiedad para la época era de más de $2.700 millones. Finalmente, en octubre de 2011 Néstor lo transfirió a su hermano, Javier Barreto, quien terminó figurando como propietario cuando la Fiscalía los embargó en junio 2014.

Sin embargo, en un fallo que generó bastante polémica en el ente investigador, la fiscal María Cristina Lizcano revocó las medidas cautelares sobre los bienes, permitiendo que se realizara una serie de traspasos que a la postre terminó por darle vida a la Ciudadela La Bendición. La situación se resolvió el pasado 24 de marzo, cuando un fiscal de segunda instancia tumbó la decisión de Lizcano. Es más, en una denuncia que reposa en los despachos del búnker de la Fiscalía se habla de un pago de $200 millones que buscaba que Torres pudiera tomar control de los predios cuestionados.

Según los investigadores, los terrenos finalmente terminaron en manos de Torres de la siguiente forma: “Teniendo en cuenta que los citados bienes estaban a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no tiene justificación jurídica, ni probatoria, sabiendo del pronunciamiento y la orden dada por la Fiscalía, (Jairo Enrique Pérez) se asocia con el señor Jhon Jairo Torres, para despojar al depositario designado por la SAE. Torres resuelve parcelar los lotes y de manera ilegal procede a realizar un proyecto de construcción de interés social denominado Ciudadela La Bendición, sin licencia de construcción ni ambiental, a sabiendas de que estos no eran de su propiedad y que se encontraban inmersos en investigación de extinción. En razón, se cuenta con elementos probatorios que los recursos obtenidos para la adquisición de los mismos al parecer provienen de origen espurio”.

Torres al parecer había logrado su objetivo: ser alcalde de Yopal para legalizar la ciudadela La bendición. Sin embargo, este proceso al parecer fue turbio, pues sus propósitos los habría logrado con dineros ilícitos. A pesar de que ganó las elecciones desde la cárcel, pudo posesionarse ya que a finales de 2015 recobró su libertad. John Torres, un hombre que se ganó su apodo de “Calzones” por su negocio de más de 17 llamado Caricias Íntimas, deberá administrar la capital de Casanare desde prisión y responder ante las autoridades por un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pues se considera que su jugosa fortuna no pudo ser el resultado de un negocio de venta de ropa interior femenina.

SEMANA 6: CONCIENCIA

¿CUESTION DE HAMBRE  O DE ACTITUD?

  

SEMANA 5: ECONOMÍA

Crisis energética prende la alerta roja

Con el incendio en la hidroeléctrica de Guatapé, el suministro de energía se puso color de hormiga. El fenómeno de El Niño y el mal manejo del potencial energético tienen al país al filo de recortes de luz.

 La situación energética del país se complicó. Al fuerte fenómeno de El Niño se sumó que la hidroeléctrica de Guatapé, de Empresas Públicas de Medellín (EPM), estará paralizada por cuatro meses. Esta eventualidad ejercerá una presión adicional en un sector que afronta serias dificultades desde hace algún tiempo, debido al bajo nivel de los embalses y a los problemas financieros de las plantas térmicas.

El problema se produjo el 15 de febrero, cuando se presentó un corto circuito en la central ubicada en el oriente antioqueño, que causó un incendio en el túnel de acceso a la casa de máquinas. El fuego destruyó 4 kilómetros de cable que llevan la energía desde la central hasta la subestación, con lo cual la hidroeléctrica saldrá del Sistema Interconectado Nacional mientras los técnicos reparan el daño.

El hecho, que generó gran preocupación en Antioquia, pasó inadvertido en el resto del país a pesar de su gran impacto, pues Guatapé responde por el 4,2 por ciento de la demanda de energía del país, con 560 megavatios.

Ante la gravedad de la situación, la Superintendencia de Servicios Públicos le pidió a EPM poner en marcha medidas que permitan superar los problemas en el menor tiempo posible. Sin embargo, el tema no es tan sencillo y así lo reconoció el propio gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, quien dijo que la solución tardará varios meses porque los cables destruidos son muy especiales y hay que traerlos del exterior. De las ocho unidades afectadas solo dos estarán en servicio en mayo. Las restantes entrarán de manera paulatina de ahora a septiembre. Es decir, antes de siete meses no quedará resuelto en su totalidad este grave incidente.

Para reemplazar la energía que dejará de suministrar Guatapé, nuevamente las térmicas tendrán que actuar. Termocandelaria, intervenida hace unos meses por la Superintendencia de Servicios Públicos, así como Termodorada tienen sus máquinas a todo vapor para ayudar en estas circunstancias.

Pero lo más grave no es solo que se dejará de suministrar energía cuando más se necesita, sino que Guatapé, a través del embalse de El Peñol, surte de agua a las hidroeléctricas Playas y San Carlos, también en Antioquia. El Peñol tiene cerca del 30 por ciento de las reservas hídricas del país y de él dependen estas centrales. Si se llegara a afectar la generación de energía de San Carlos, al no llegarle agua suficiente de El Peñol, la situación se complicaría. San Carlos es la hidroeléctrica de mayor capacidad, con 1.240 megavatios. Es decir, es responsable por cerca del 10 por ciento de la demanda del país.

 

El ministro de Minas y Energía, Tomás González, reconoció que la situación es muy complicada y que lo sucedido en Guatapé es “como si Colombia se quedara sin James cuando tiene que jugar la final del campeonato”. Para el senador Iván Duque la parálisis de Guatapé es un riesgo adicional que no puede distraer lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional, que se ha visto afectado por la escasez de gas en el país.

Ante el agravamiento del panorama energético, el gobierno anunció nuevas medidas para impedir un racionamiento. El ministro González anunció que se importará energía de Ecuador y que se usarán las reservas acumuladas en los últimos meses, lo que llevará a que las hidroeléctricas y las térmicas tengan que trabajar a plena capacidad.

Ecuador suministrará 7 gigavatios diarios, el nivel máximo de capacidad que permite la línea de transmisión. Si bien esto representa menos del 4 por ciento de la demanda total de energía de Colombia, que asciende a 190 gigavatios, el anuncio lanza un claro mensaje sobre la complicada situación del sector y los nuevos riesgos que pueden poner en peligro la confiabilidad del sistema. Aunque Colombia ha mantenido un intercambio permanente de energía con Ecuador y Venezuela, las nuevas circunstancias no solo llevaron al país a suspender las exportaciones hacia esos dos países sino por el contrario, a tener que recurrir a comprar este recurso.

Además, debido a que el fenómeno de El Niño se ha endurecido, el nivel de los embalses sigue en picada y se encuentra en el 43,5 por ciento, muy por debajo del 64 por ciento del año pasado cuando se encendieron las primeras luces de alerta sobre los riesgos de un racionamiento de energía. Las regiones más vulnerables son Valle del Cauca, que tiene el nivel más bajo, con el 24 por ciento, seguido del centro y el oriente, con el 41 por ciento.

Sin embargo, con la salida del embalse de El Peñol, la situación se torna más crítica ya que el nivel útil de los embalses (capacidad para generar energía) baja al 31 por ciento, una cifra que comienza a preocupar.

No hay que olvidar que en tiempos normales las hidroeléctricas responden por más del 70 por ciento de la energía del país y las térmicas surten el resto. Ahora estas últimas han tenido que salir a respaldar el sistema con más del 45 por ciento de la energía, lo cual puede agravar su situación financiera porque los combustibles, como el diésel, están subiendo aceleradamente de precio.

Ante esta situación, Luis Alejandro Camargo, gerente de XM, filial de ISA encargada de gestionar el mercado eléctrico, indicó que es necesario que los colombianos tomen conciencia y ahorren más energía ya que el consumo no ha disminuido como se esperaba. Por el contrario, en enero pasado la demanda creció 5,7 por ciento y en regiones como la costa Atlántica aumentó 8 por ciento, una cifra preocupante. Con el fin de incentivar el ahorro, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunciará en los próximos días medidas que podrían beneficiar el bolsillo de los consumidores que no malgasten el servicio.

La preocupación en el gobierno es alta ya que cualquier evento adicional podría provocar un suspensión en el servicio, especialmente en horas pico, entre las 6 y las 9 de la noche.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), reconoce que la situación se puso más compleja y no se puede descartar ninguna medida de contingencia. Un experto en el sector ratificó que ante esta coyuntura el país queda “en el filo de la navaja” y que cualquier evento adicional comprometería el suministro de energía en el país. La razón es que con la salida de Guatapé y del embalse de El Peñol, unido al fuerte verano, el nivel de los embalses podría bajar en mayo a niveles críticos del 20 por ciento.

A esta situación se suma que la hidroeléctrica de El Guavio tiene un nivel de tan solo el 37,5 por ciento y no puede descender mucho más porque comprometería el suministro de agua para Bogotá. Lo más complejo en esta coyuntura es que no hay certeza sobre cuándo El Niño disminuirá su intensidad. El Ideam sostiene que bajará a finales de marzo, pero aun así el nivel de lluvias no alcanzará a compensar lo que han dejado de recibir los embalses en los últimos meses.

Más allá de los episodios accidentales, como el incendio en Guatapé y el recrudecimiento del fenómeno de El Niño, lo que está pasando en el sector eléctrico deja un sabor muy amargo. Hace diez años, Colombia pintaba ser una potencia energética, no solo por la riqueza hídrica que tiene sino por la regulación que, en su momento, se diseñó para el sector; por la interconexión y por el mismo dinamismo de las empresas. Hoy el panorama es desafortunado. Hay que importar energía, la amenaza de un racionamiento está en presente, la regulación no se modernizó y no se tomaron medidas a tiempo.

Lo cierto es que el panorama energético del país se complicó a niveles que nadie imaginaba.

SEMANA 5:COLOMBIA

Capitales del país están creciendo hacia las periferias

Por falta de espacio, edificaciones se están construyendo en municipios vecinos de las ciudades

 La construcción y el crecimiento de la venta de viviendas en las principales capitales del país se ha venido extendiendo en forma significativa hacia los municipios que hacen parte de sus áreas metropolitanas y a las periferias externas.

En Bucaramanga, la mayoría de las constructoras han buscado áreas en los municipios vecinos porque en la zona más apetecida de la ciudad, conocida como La Meseta (centro y oriente), no hay espacio suficiente para grandes proyectos habitacionales.

Marval, una de las principales compañías, reportó que la mayoría de sus ventas se registraron en el municipio de Piedecuesta, con un 22 % de las ventas.

Sergio Luna Navas, gerente de Camacol, explicó que la construcción se extendió a los municipios vecinos, entre otras razones, porque “el recién aprobado Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bucaramanga impone unas condiciones a los lotes de la meseta que no facilita tanto su desarrollo, lo que genera un crecimiento en municipios periféricos como Piedecuesta y Girón”.

En Medellín, también uno de los sectores del área metropolitana que más ha venido mostrando una actividad positiva es el municipio de Bello, que limita con la capital antioqueña por el norte. Las cifras de Lonja Propiedad Raíz y Camacol muestran que el número de viviendas que se construyeron en ese sector el año pasado, 7.377, por poco iguala al de Medellín, donde se levantaron 7.566.

“De unos tres o cuatro años para acá, las personas comenzaron a ver en Bello un municipio muy importante. Las conexiones con el metro y la cercanía con las estaciones tienen una gran actividad edificadora a sus alrededores. Las constructoras comenzaron a ver la posibilidad de construir en ese municipio proyectos diferentes a las viviendas de interés social”, aseguró Federico Estrada, presidente de la Lonja Propiedad Raíz.

En Barranquilla y su área metropolitana, la seccional de Camacol reportó que en el 2015 hubo un crecimiento en la construcción de vivienda del 17 %, con una inversión que alcanzó los 2,1 billones de pesos. El 30 por ciento de los proyectos se levantaron entre los municipios de Soledad y Puerto Colombia.

La construcción de viviendas de interés prioritario, que viene creciendo por políticas nacionales, ha impulsado el crecimiento en estos municipios, principalmente en Soledad. “En Barranquilla, si bien no es una ciudad que podría decirse que ya no tiene espacio para crecer, este se ha ido agotando”, aseguró la directora de Camacol, María Elia Abuchaibe.

En los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia también hay otra actividad importante de crecimiento inmobiliario, donde se concentrarían un 12 por ciento de los proyectos.

Y en Cali, aunque la construcción registró sus mayores inversiones en la ciudad, la tendencia de extender proyectos inmobiliarios hacia municipios vecinos viene en aumento. Las cifras de Camacol muestran que mientras en la capital del Valle y los municipios aledaños se registraron ventas en vivienda por más de 1,3 billones de pesos en el 2015, hubo otros 1,2 billones en los municipios del área de influencia como Jamundí, Palmira, Yumbo y Candelaria.

El presidente de Camacol Valle, Alberto Gaviria, considera que se pueden seguir proyectando soluciones de vivienda en municipios vecinos a Cali, resolviendo por ejemplo temas como la movilidad, en la ruta a Jamundí.

Pero también apoya la renovación del centro urbano caleño, donde varias entidades del municipio y gremios de construcción buscan realizar una ambiciosa renovación urbana y habilitar espacios para la construcción de viviendas.

Abuchaibe añadió que hay muchas debilidades en los municipios hacia los que se reporta el crecimiento, “porque algunos de ellos son muy pequeños”.

“Sino hacemos planificación con tiempo de cómo se van a urbanizar esos terrenos, eso va a impactar la calidad de vida de la gente en algunos años”, concluyó Abuchaibe.

SEMANA 5:LIDERAZGO

SEMANA 4:LOCAL

Formulan plan para el cambio climático de la Orinoquia al 2050

Inicia formulación de una guía para mitigar los impactos en nodo regional.

Atendiendo los retos que representa el cambio climático que, como lo vienen advirtiendo los ambientalistas desde hace decenas de años, pone en peligro a la especie humana y la viabilidad del planeta, se adelanta la formulación de un plan para mitigar sus impactos en la Orinoquia.

En esa tarea están comprometidas las corporaciones ambientales Cormacarena y Corporinoquia y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en alianza con Ecopetrol.

En desarrollo de esa labor, este martes realizaron una mesa de trabajo con voceros de entidades ambientales regionales, de la academia, los gremios de la producción y empresarios.

La idea, explicó a Llano Sie7edías Daniel Escobar, investigador del CIAT, es aunar esfuerzos para la formulación del Plan de adaptación y mitigación al cambio climático en Meta, Casanare, Vichada y Arauca, al año 2050, y cuyo documento deberá estar elaborado en noviembre o diciembre del presente año

Esta jornada se lleva a cabo con el fin de integrar a todos aquellos que trabajan por el desarrollo de la región, que son quienes conocen el territorio y por ende deben afrontar los desafíos venideros, teniendo en cuenta que el cambio climático es una problemática presente y que al contrario de desaparecer, va a seguir avanzando.

Por eso, es necesario crear medidas de mitigación, adaptación y educación respecto a este fenómeno, ya que la plena conciencia de que las acciones humanas tienen efectos en el ámbito global y local comenzará a representar un cambio en la salud ambiental del planeta.

En la primera parte del proyecto se realizará una recopilación de información para generar el inventario de Gases de Efecto Invernadero y un análisis de vulnerabilidad en cada uno de los departamentos.

SEMANA 4: QUÉ HAY DE NOSOTROS?

SEMANA 4: MEDIO AMBIENTE

Así se roban el agua de ríos y quebradas en Colombia

En pleno fenómeno del Niño se han encontrado 95 captaciones ilegales en 38 afluentes.

No solo la intensa sequía que afecta al país desde el año pasado ha sido un factor determinante para que decenas de ríos vivan sus días de caudales más bajos en la historia. Uno de los elementos que agudiza la emergencia son las captaciones ilegales de agua por parte de campesinos, gremios de agricultores y hasta empresas, que toman el líquido para su beneficio, desviando los cauces e impiden que llegue a las poblaciones que, en muchos casos, sufren por el desabastecimiento.

En los últimos seis meses las Corporaciones Autónomas Regionales han emprendido una cruzada en busca de los usurpadores de agua, que se están ‘chupando’ el poco líquido que les queda a los ríos y quebradas. Durante los operativos se encontraron 95 captaciones ilegales en 38 ríos del país, donde las situaciones más críticas se evidencian en Neiva, Tolima, Quindío y La Guajira.

Las complicaciones que acarrean estas captaciones, explica Ramón Leal, director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), en primera instancia afecta por la disminución del agua para el consumo humano, pero también pone en grave riesgo el caudal biológico, que es el que se requiere para que exista la vida dentro del mismo ecosistema hídrico.

En cuanto a los responsables, Leal señala que “los campesinos son quienes, por su propia creencia, asumen que el agua es un recurso que está disponible e infinito. No tienen fortalecido el tema de la legalidad, entonces como el agua pasa cerca a sus fincas, la toman sin permiso”.

Pero los campesinos no son los únicos que se roban el agua. De acuerdo con Asocars, hay al menos doce empresas y gremios agrícolas que tienen procesos sancionatorios abiertos por captaciones ilegales de agua. Algunos de ellos se valen de trinchos, estructuras en piedra y madera, que desvían el agua hacia un cultivo. Mientras que otros utilizan motobombas para captar el agua y llevarla por conexiones ilegales hasta sus predios.

Unas de las empresas sancionadas por una intervención fraudulenta sobre el río Maracas, entre Becerril y Cesar, es la Sociedad Monterrey SAS y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), a quienes Corpocesar responsabilizó a finales del 2015 de captar aguas de esta cuenca sin permisos por más de 10 años, perjudicando a otros agricultores de la región.

Kaleb Medina, director de Corpocesar, explica que las sanciones a estas empresas, por valores que ascienden a más de 213 millones de pesos, se iniciaron luego de una queja de un agricultor y tras la investigación se encontraron evidencias de la construcción de unos trinches para desviar agua a unas plantaciones de melina propiedad de estas empresas.

En la actualidad, Monterrey y Finagro interpusieron alegatos que están siendo analizados por Corpocesar. Pero para Medina, "es como si los pájaros le tiraran a las escopetas. Los infractores se roban el agua y las corporaciones hacen todo el esfuerzo para sancionarlos, y estos vienen después a defender lo indefendible".

Por su parte, Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, indica que estas captaciones ilegales le han ganado la ‘competencia’ al agua que se dirige hacia las bocatomas de los acueductos, dejando a muchas poblaciones en riesgo de desabastecimiento.

“Cuando uno empieza a mirar los acueductos, se evidencia que la línea matriz está totalmente chuzada para riegos e industriales”, señala Henao, que hace un llamado a las alcaldías para que denuncien a las personas que se roban el agua, pues esta situación agudiza la emergencia en las poblaciones por el tiempo seco.

Riesgo en Neiva

Uno de las cuencas con mayores afectaciones es Las Ceibas, que surte de agua al acueducto de Neiva, en el río durante las últimas semanas se encontraron siete captaciones ilegales, según la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).

Esta dificultad en Las Ceibas es uno de los componentes que pone en riesgo el abastecimiento del líquido en la ciudad. Incluso, Carlos Alberto Cuéllar, director de esa entidad, ya alertó que desde hace dos meses el río ha reducido 2.100 litros por segundo su caudal, y de seguir así podría verse comprometido el suministro.

Por estas captaciones de agua, la CAM abrió procesos sancionatorios y Alfredo Vargas, secretario de Gobierno, anunció acciones inmediatas, como la revocación de concesiones de agua.

“Se conceden por 30 o por 50 litros y están explotando 180 o 190 de manera indebida, porque no existe un control adecuado. Le vamos a exigir a la Fiscalía que inicie –dado que se está cometiendo un delito–, si es necesario, procesos de extinción de dominio para aquellos propietarios que insistan en cometer de manera reincidente este tipo de delitos ambientales”, señaló Vargas.

Explotan el Ranchería

A pesar de que La Guajira es uno de los departamentos más afectados por la falta de recursos hídricos para el consumo humano, el gremio arrocero está consumiendo sin permisos parte del agua del río Ranchería, perjudicando el abastecimiento las comunidades de Riohacha, Manaure, Albania y Barrancas.

Según Manuel Medina, director de Corpoguajira, en un 80 por ciento, en época de sequía, las captaciones ilegales son responsables de la falta de agua en La Guajira.

La situación, cuenta Medina, se complicó cuando se construyó la represa del Ranchería, inaugurada en el 2010, donde se pasó de cultivar 300 hectáreas de arroz a 1.500, escenario que genera que cuando hay caudales bajos el agua no alcance y ocurra el acaparamiento irregular.

En la zona, Corpoguajira realiza un monitoreo permanente; de hecho, comenzó 15 procesos sancionatorios (7 a empresas y 8 a personas naturales), pero el trabajo parece no tener fin. “Nosotros hacemos la labor y de la nada las personas vuelven a hacer esos desvíos del cauce. Con la Fuerza Pública estamos trabajando para ejercer un control permanente y evitar que capten el agua ilegalmente”, denuncia.

El director de la entidad indica que este escenario es nuevo para la parte baja de departamento y agrava la problemática del desabastecimiento, pues el río siempre mostraba buenos caudales, pero con esta sequía se evidencia el déficit de caudal con relación al manejo que se le da por parte de los agricultores, a quienes les pide que deben ser conscientes de que el agua es limitada.

Otras regiones afectadas por la usurpación de agua son Quindío y Tolima, en donde las autoridades ambientales han descubierto 36 captaciones ilegales.

En Quindío, las conexiones ilegales se evidenciaron en nueve municipios tras operativos en los afluentes La Picota, Barragán, Los Justos, La Cascada, entre otras, cuyos responsables fueron personas naturales (20) y dos empresas de la región.

Por su parte, en el Tolima a las 14 usurpaciones del líquido se suman otras 15 quejas relacionadas que están en investigación por Cortolima.

SEMANA 3: ECONOMÍA

¿Por qué no baja el precio de la gasolina si el petróleo ha caído en un 70%?

En días pasados, Dinero habló con el Ministro de Minas y Energía, Tomás González. Los combustibles fueron un tema central, el Ministro aclaró algunas dudas para entender el contexto de su comportamiento y la situación actual de los precios.

Dentro del espacio concedido, se trataron diferentes temas que han incidido directamente en el sector, como los interrogantes sobre el precio de los combustibles teniendo en cuenta las grandes diferencias entre el precio de referencia internacional y el precio interno de los mismos.

En un entorno donde los precios del petróleo han bajado más de 70%, se cuestionaron y recordaron las observaciones en cuanto a los resultados y situación del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).

El (FEPC) fue creado en el 2007 para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se trasladara a los precios de los consumidores y estos puedan planear sus costos con cierta estabilidad.

Como se observa en la gráfica, cuando los colombianos pagan un precio por encima de los precios de referencia internacional, en dicho fondo se estaría ahorrando dinero, mientras que cuando se paga un valor por debajo de los precios internacionales, el fondo subsidia los precios. Teniendo en cuenta esto, cuando los precios del petróleo estuvieron tan elevados en el pasado, se afirma que las personas estuvieron pagando menos por la gasolina, lo cual es la razón de un déficit causado en el fondo.  

A grandes rasgos, González indicó que la política que se ha armado es para estabilizar los precios, aclarando que en algunos casos las personas están de acuerdo y en otros, la gente quisiera que bajara más.

Entonces, “la estabilización se trata de que cuando el precio internacional de referencia de la gasolina suba en gran medida, los precios internos no suban tanto y cuando los internacionales bajen mucho, los internos no bajen tanto”, afirmó el ministro, aclarando que ha funcionado bien a pesar de los grandes costos fiscales, superando los $500.000 millones al año.

Cuando el ministro se refirió a los comentarios de la corte constitucional en la sentencia contra el fondo de estabilización, señaló  que “hay momentos de ahorro y desahorro, donde los colombianos pagan más que el precio internacional por la gasolina y viceversa. Cuando los colombianos pagan más se ahorra y cuando pagan menos se subsidia”. Esta lógica aplicaría para cualquier fondo de cualquier producto, indicó el ministro.

Además, González recordó que “en la reforma tributaria de 2014 se creó esa contribución con la diferencia de ahorro (diferencial de participación), como una fuente para financiar el FEPC, pero dado que hubo problemas de trámite, la corte dijo que no se podía tener como una fuente del fondo”.

Finalmente, resaltó que “la corte no dijo que no se puede fijar el precio de la gasolina, que no se le pueden poner impuestos a la gasolina, que no pueden presentarse ahorros (…), dijo que no se podía mandar al fondo por vicios de trámite”.

Por tales motivos, “ahora toca buscar una vía legal para restablecer que se pueda, cuando hay ahorro, ahorrar”, teniendo en cuenta el acumulado de más de $4 billones de déficit.

También, se cuestionó sobre cómo ha evolucionado la situación de suministro de gas de Venezuela a Colombia. González, rectificó que se ha debido recibir desde el primer día del año, lo cual no se dio, justificado principalmente por el fenómeno de El Niño. No obstante, el ministro anunció que la infraestructura está lista y preparada para el proceso, por lo cual“espero que podamos tener gas de Venezuela, antes de que se acabe el Niño”, puntualizó.

SEMANA 3: SOCIAL

En La Guajira murieron otros dos niños por desnutrición

El jueves 11 de febrero, Ricardo Epiayú, indígena de Manaure en La Guajira, sepultó a su hijo Elion, quien falleció luego de la desnutrición que lo azotaba, según el mismo padre constató. El hombre manifestó que esa era la cuarta vez que había tenido que ver a uno de sus descendientes perder la vida por la misma razón.

El pequeño Elion fue trasladado desde Chichimaya, ranchería donde vivía, hasta un Centro de Salud en Rioacha, por más de cinco veces a causa de la misma desnutrición. “En la semana de su muerte, los padres decidieron por decisión propia, y como parte de su cultura, no llevarlo más a la clínica porque se encontraba en un estado bastante crítico”, afirmó la líder de la comunidad, Tania Galván.

Otros tres niños, de 2013 hacia atrás, según Epiayú, también fallecieron por desnutrición.

Elion estaba siendo atendido desde hacía cinco meses por médicos que visitaban las comunidades y que dejaron de hacerlo hasta noviembre de 2015. Relata Epiayú que su hijo, quien era atendido por la EPSI Anas Wayuu, nació sano pero al pasar del tiempo su salud se fue deteriorando al punto de convertirse en crónica y llevarlo a la muerte.

“Para nosotros es muy difícil trasladar a nuestros hijos hasta los centros de salud en Manaure o Rioacha. Salir de aquí es un problema porque vivimos en escases. Las que eran nuestras fuentes de ingreso antes ya no existen por la sequía, por eso le suplicamos al gobierno que no nos abandone. No le estamos pidiendo que nos regalen las cosas, sino que nos ayuden en este momento a salir de la crisis. Pedimos agua a gritos”, precisó Epiayú.

El segundo caso fue el de una menor de un año identificada como Ángela María Epieyu, quien murió en la comunidad de Compamana. La niña fue sepultada en la comunidad y no fue reportada a ninguna entidad oficial, informó Tania a RCN Radio.

Esperan ayuda

La gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, aseguró que con la creación del nuevo documento Conpes, se establecerá un régimen de salud especial para los indígenas, en el que se busca dejar dos entidades prestadoras de salud en cada comunidad, con el fin de hacerles revisiones periódicas.

“Todas estas personas que están aquí (200 aproximadamente) pertenecen a un régimen subsidiado diferente, eso impide que las Eps puedan atenderlos a todos por la dificultad de acceso a la zona, pero el nuevo modelo permitirá que queden dos empresas nada más, de las 17 que tenemos. Así, podremos exigirle aún más a estas dos, la penetración constante a nuestras comunidades”, confirmó Pinto.

La mandataria también se comprometió con la instalación de una manguera para reestablecer la huerta que se perdió por la falta de agua en la ranchería de Wimpiraren.

Cinco casos

La directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, informó que eran cuatro los menores de edad fallecidos en el último año por causas asociadas a la desnutrición, dichos niños pertenecieron en algún momento a programas de primera infancia liderados por la institución.

Tania Galván dijo que asistió a denunciar la muerte del pequeño, a la sede del Bienestar Familiar en Rioacha y no fue atendida.

“Tengo unos mil niños en mi comunidad, de cero a cinco años, de esos le puedo decir que entre 20 y 30 de ellos están en riesgo de muerte por desnutrición. Hace dos días este, en enero uno, en diciembre otro y hace meses murieron tres. Lo que le pedimos al Estado más ayuda o presencia del Bienestar Familiar porque no podemos solos”, concluyó Galván.

SEMANA 3: PROCESO DE PAZ

Sanción a guerrilleros puede llegar a ser hasta de 20 años de prisión, dice Santos

 "No se trata de sanciones meramente simbólicas. No", reiteró el jefe de Estado.

El presidente Juan Manuel Santos reiteró este lunes que no habrá amnistía para los crímenes de lesa humanidad, graves crímenes de guerra y genocidio y en general, las graves violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

“Aquí no habrá impunidad, como muchos han sugerido con el claro objetivo de desinformar. Eso nunca había pasado en ningún proceso de paz. Y no se trata de sanciones meramente simbólicas. No”, advirtió Santos.

Explicó que se aplicará una justicia punitiva y, a la vez, una justicia restaurativa y reparadora, “para los miembros de las Farc que reconozcan que participaron en los crímenes más graves y representativos estarán sujetos a sanciones, impuestas por el Tribunal de Paz, con una restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas”.

Así mismo, señaló que ese tratamiento especial se aplica siempre y cuando reconozcan públicamente su responsabilidad en tales crímenes, ofrecer verdad detallada sobre los delitos cometidos, y participar en las medidas de reparación y no repetición, incluyendo el compromiso de no volver a delinquir.

“Si no reconoce toda la verdad y responsabilidad en todos los delitos en que participó, la sanción puede llegar a ser hasta de 20 años de prisión. ¡Así de claro!”.

Según Santos esta es “la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados con grupos insurgentes que no se otorga una amnistía general, sino que los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad deberán ser investigados, juzgados y sancionados”.

Indicó que las “sanciones serán impuestas por un tribunal independiente e imparcial integrado por magistrados de las más altas calidades; su ejecución practica estará sujeta a un régimen de seguridad y vigilancia, y habrá monitoreo continuo de órganos nacionales o internacionales”.

Con respecto a la conformación de ese tribunal, el presidente señaló que “ya está establecido –ojo – que no serán sugeridos y mucho menos nombrados por ninguna de la partes, sino que sudesignación será hecha por terceros que tengan un gran reconocimiento y legitimidad nacional e internacional”.

Por último precisó que dicho tribunal será informado periódicamente sobre el cumplimiento de las sanciones que se considerarán cumplidas cuando el mismo tribunal “certifique que su sentencia fue ejecutada de manera seria y rigurosa”.

SEMANA 2: VIDA

Uruguay crea la primera escuela sustentable de América Latina

Para su construcción se utilizarán 4.000 botellas de plástico y vidrio y 2.000 neumáticos.

La electricidad va a ser generada por paneles fotovoltaicos y el agua será recogida de la lluvia en tanques de 30.000 litros.

Educación y medio ambiente convivirán en armonía en la primera escuela sustentable de América Latina, un proyecto que echó a andar esta semana en Uruguay y que tiene en la reutilización de residuos y el aprovechamiento de los recursos naturales sus principales características.

“Creemos que es un primer paso para llevar la educación a otro nivel y a cómo vivir en armonía con el ambiente. Lo que se promueve más que nada es que se pueden hacer las cosas de manera diferente”, expresó a Efe Martín Espósito, coordinador del proyecto, denominado “Una Escuela Sustentable”.

La edificación quedará ubicada en el la localidad de Jaureguiberry, en el departamento (provincia) de Canelones, al sureste de Uruguay, y funcionará como escuela rural para niños desde los tres hasta los doce años.

La creación de esta escuela pionera en el continente será obra del arquitecto estadounidense Michael Reynolds, fundador de Earthship Biotecture, una empresa que se dedica a la construcción de viviendas autosustentables en distintas partes del mundo.

Y la idea de ejecutar un proyecto así en Uruguay surgió luego de ver un documental protagonizado por Reynolds, llamado “Guerrero de la basura”, en el que se muestra cómo el arquitecto utiliza materiales de desechos para la construcción de viviendas, explicó Espósito.

Para la creación de este espacio educativo se utilizarán unas 4.000 botellas de plástico y vidrio, 2.000 neumáticos en desuso, cartón y latas con las que se levantarán las bases de la edificación.

De igual modo, se utilizarán materiales tradicionales como madera, hormigón, vidrio y arena.

Espósito agregó que actualmente la escuela “ya está en fase de construcción” y que Reynolds se encuentra en el país junto a un equipo de 100 estudiantes de 30 países que estarán durante siete semanas brindando apoyo a esta obra.

El coordinador resaltó que esta escuela será sustentable porque será capaz de generar su propia agua, energía y alimentos.

“La electricidad va a ser generada por paneles fotovoltaicos, el agua será recogida de la lluvia en tanques de 30.000 litros y será filtrada para su uso por cuatro ciclos y los alimentos en su gran mayoría serán de origen orgánico”, explicó.

El edificio albergará en un espacio de 270 metros cuadrados a 100 niños cada año, en el que además de la educación básica primaria recibirán talleres de sustentabilidad en todos los niveles.

“Queremos mostrar que es posible hacer las cosas de otra manera, queremos abrir el proyecto para que exista la posibilidad de poder replicarlo en otros departamentos del país”, concluyó Espósito.

Las viviendas construidas por el arquitecto Reynolds se encuentran presentes en lugares como Sierra Leona, Australia, Escocia, Bélgica, España, Francia, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Argentina o México.

Esta escuela cuenta con el apoyo del Gobierno a través del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la empresa privada y la sociedad civil. 

SEMANA 2: ECONOMÍA 2

Marginal de la Selva, la kilométrica vía que unirá a tres países

El proyecto, en el que se invertirán más de 2,9 billones, unirá a Colombia con Ecuador y Venezuela.

Hace medio siglo, los Gobiernos de la región plantearon la construcción de una carretera que integrara a Ecuador, Colombia y Venezuela, en busca de una salida para el continente por vía terrestre, desde el Pacífico hasta el Atlántico, sin tener que atravesar la cordillera de los Andes. (Lea: La tala ilegal de árboles que azota al Guaviare)

A esta megavía en el territorio unos la llaman Marginal de la Selva. Otros, en cambio, consideran que su trazado por el sur y oriente colombianos tiene una mayor dimensión y ahora la denominan troncal de Piedemonte.

Esta importante troncal, que en nuestro territorio comienza en el puente internacional construido sobre el río San Miguel en el Putumayo, zona fronteriza con el Ecuador, y llega al departamento de Arauca, en límites con Venezuela, tiene más de 1.500 kilómetros de recorrido. Y el Gobierno Nacional poco a poco la ha ido consolidando. (Lea también: Para el gobernador de Magdalena, las vías fueron su mayor logro)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), para la ejecución de la troncal de Piedemonte se han destinado, por un lado, más de 1,1 billones de pesos para la construcción de nuevos puentes, rehabilitación de carreteras, pavimentación de vías y contrataciones de estudios y diseños.

Del citado presupuesto, 742.970 millones de pesos se han invertido en las obras de infraestructura y los otros 399.505 millones ya están con contratos adjudicados para los trabajos.

Por otro lado, están los 1,88 billones de pesos que cuestan la construcción, mejoramiento y rectificación de trazado de la autopista Villavicencio-Yopal, que hace parte de la citada troncal y también de la segunda ola de vías de cuarta generación, adjudicada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En cuanto a la ejecución de las obras, se ha avanzado por fases, en varios de los tramos del sur y del oriente del país.

El proyecto completo de la troncal del Piedemonte (que fue incluido en el Plan Maestro de Transporte Intermodal al 2035) contempla un recorrido que sale desde el puente internacional San Miguel, pasa por Santa Ana y Villagarzón (Putumayo), conecta con San José del Fragua, Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá), para llegar a San José del Guaviare (Guaviare), empalmar con la vía a Villavicencio (Meta) y seguir hacia Yopal (Casanare) para arribar a Arauca (Arauca), en el paso a Venezuela. (Vea aquí: Tras seis años, destraban tramo de la Ruta del Sol)

Entre los trabajos adelantados están los tramos del corredor del sur.

Invías informó que entre el Puente Internacional San Miguel y Santana se avanzó en dos fases. En la primera se pavimentaron 62 kilómetros y se construyeron 8 puentes, con inversiones que ascendieron a $ 309.000 millones, incluido el pago por interventoría.

En la segunda fase de obras se hicieron dos puentes y se pavimentaron 15 kilómetros más, que costaron $ 124.479 millones.

El instituto agregó que a través del programa Vías para la Equidad, adjudicó la pavimentación de otros 24 kilómetros de este trayecto, por valor de 123.608 millones. Este contrato tiene orden de inicio.

Obras en otros tramos

Para un segundo tramo de la Marginal de la Selva, intervenido por Invías, se presupuestaron $ 299.000 millones, de los cuales ya se invirtieron $ 197.680 millones en la construcción de puentes y 72 kilómetros de pavimentación.

La fase que ahora se desarrollará, y que vale $ 102.000 millones, contempla obras, así como estudios y diseños para hacer 305 kilómetros del tramo San Vicente del Caguán-La Macarena (Meta)-Puerto Arturo y San José del Guaviare. El consorcio Metrovías Selva debe entregar los estudios antes de que termine este mes.

SEMANA 2: ECONOMÍA 1

Hay visto bueno para tres nuevos puertos en el país

En Córdoba, Antioquia y Buenaventura se construirán terminales marítimos modernos.

La infraestructura portuaria marítima del país se ampliará con tres nuevos terminales que la Agencia nacional de Infraestructura (ANI) espera concesionar este año.

En los trámites finales para las contrataciones se hallan los futuros puertos Graneles del Golfo, que se construirá en el golfo de Morrosquillo, frente a San Antero (Córdoba); Puerto Bahía, más conocido como Puerto Antioquia, que se levantará en el golfo de Urabá, en Turbo; y Puerto Solo, en la bahía de Buenaventura, anunció el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.

Estos puertos se sumarán a los 56 concesionados por la Agencia. Estos, entre enero y septiembre del 2015, movieron 149.673 millones de toneladas de carga, un 7,9 por ciento más frente a igual periodo del 2014, cuando se contabilizaron 138.735 millones, según la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Las sociedades portuarias proponentes de los tres puertos nuevos invertirán más de 1,5 billones de pesos en la construcción de instalaciones modernas, altas tecnologías y equipos (como grúas pórtico) de alta capacidad con los cuales se proponen mover 10,5 millones de toneladas de carga.

La infraestructura portuaria viene modernizándose a pasos agigantados, para ser competitiva frente a los demás puertos latinoamericanos.

De hecho, entre el 2010 y el 2015, las inversiones en infraestructura portuaria marcaron un hito histórico: 2.200 millones de dólares (más de 7,2 billones de pesos), de acuerdo con los reportes de la ANI.

Los tres terminales marítimos que iniciarían obras en este 2016 se han anunciado desde hace más de cinco años. Pero aun cuando tienen el visto bueno de la ANI, se han presentado demoras en la firma de estas concesiones, por no tener la licencia ambiental actualizada.

Excepto Graneles del Golfo, que ya cuenta con la citada licencia y la ANI le otorgó la concesión el pasado diciembre, los otros dos proyectos (Puerto Bahía o Antioquia y Puerto Solo) carecen de la nueva autorización ambiental exigida para que ANI les otorgue la concesión definitiva.

Es de aclarar que estos dos últimos proyectos de puertos tenían una licencia ambiental tramitada, pero necesitan obtener una nueva o modificada.

Lo anterior a raíz de que el grupo empresarial que adquirió la sociedad portuaria que impulsa los dos citados proyectos de terminales marítimos hizo modificaciones a los diseños de los puertos y amplió las áreas de operación. Son cambios que exigen la tramitación de una nueva licencia, indicaron fuentes oficiales.

El grupo empresarial Puertos Inversiones y Obras (Pio SAS), que ha entrado a administrar el desarrollo de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá y es dueña de los dos proyectos, ya presentó las correspondientes solicitudes de modificación de las licencias. Se espera que antes de finalizar el primer semestre estas puedan ser expedidas, indicaron las autoridades consultadas.

Los nuevos proyectos

El puerto que arrancará primero a hacer las obras será Graneles del Golfo, perteneciente a la Sociedad Portuaria Graneles del Golfo S.A., que se notificará esta semana de la concesión otorgada a 20 años por la ANI.

Las inversiones previstas en la construcción y dotación de este terminal ascienden a 22,6 millones de dólares (alrededor de 72.000 millones de pesos), solo en las áreas de servicio público. Las obras durarán dos años.

Ocupará un área de 6.050 metros cuadrados en el mar (infraestructura sobre el espejo de agua) y 1.342 metros cuadrados en tierra.

Será un puerto multipropósito, que movilizará inicialmente 960.000 toneladas de carga y progresivamente aumentará hasta llegar máximo a 1’480.000 toneladas anuales de graneles sólidos como granos, cereales, cobre concentrado, minerales distintos al carbón, acero y clínker, un insumo para fabricar cemento).

Este terminal entra a diversificar la operación marítima en el golfo de Morrosquillo, donde funcionan cuatro puertos que concentran sus operaciones con el movimiento de hidrocarburos como el petróleo.

Esta sociedad portuaria como contraprestación por la concesión le girará a la Nación 10.500 millones de pesos.

El terminal en Urabá

El grupo empresarial Píos propuso a la ANI mover por puerto Antioquia 4,9 millones de toneladas de carga anual. Ahora indica que serían 7,5 millones de toneladas al año.

Este será un terminal monopropósito que busca movilizar contenedores, graneles, carga general y vehículos. Pero también hay interés de mover por este terminal banano, que es lo que más produce (90 por ciento) y exporta esta región.

La infraestructura se planea construir en tres años, en dos fases, con inversiones que (para la primera etapa) ascenderán a 400 millones de dólares (cerca de 1,2 billones de pesos) en terrenos públicos y privados.

Este nuevo puerto será de grandes dimensiones, por cuanto se proyectan obras como la construcción de un viaducto de 4,2 kilómetros que conectará el muelle en el mar con el puerto en tierra.

El viaducto de doble vía para que camiones lleven los contenedores hasta el muelle en el mar tendrá profundidades de 14 metros, para que puedan atracar barcos de gran calado que transitan por el canal de Panamá. Incluso, se prevé que por este puerto podrán pasar los megabuques que arribarán a las nuevas esclusas del canal panameño.

Para la construcción de este puerto, cinco consorcios ya han presentado ofertas.

Puerto Antioquia tiene la importancia que le dará a esta región mayor movilidad a la carga portuaria y será una nueva alternativa para darle salida al transporte de productos que provienen del sur y del centro del país, de acuerdo con promotores de este proyecto.

El complejo del sur

El terminal propuesto en la bahía de Buenaventura (Puerto Solo) lo administrará también el grupo empresarial Pio y se construirá en terrenos vecinos al puerto de la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura Tcbuen S.A. (TCbuen).

Puerto Solo está planteado como un complejo portuario.

Por un lado, será un terminal multipropósito, que moverá contenedores y carga general (1’600.000 toneladas de carga).

Por otro, en los terrenos construirán otros cuatro terminales, así: uno para hidrocarburos líquidos, como petróleo, gasolina, etanol y búnker, este último para abastecer a los 1.600 buques que llegan al año a Buenaventura; otro, para el gas licuado del petróleo (GLP), que sirva para exportar excedentes; un tercer terminal será para gas natural licuado (GNL), que se utilizará luego en una planta térmica para generar energía, dado los desabastecimientos de este servicio que hay en el sur del país. Y habrá un cuarto terminal para la generación de energía (con la planta térmica a gas), según informa la empresa en su página web.

La estructura estaba planteada para ocupar 150 hectáreas. Sin embargo, por las modificaciones hechas al diseño del proyecto, la extensión definitiva se sabrá según lo que autorice la nueva licencia ambiental que se tramita.

Las inversiones en este puerto ascienden a 83 millones de dólares (alrededor de 250.000 millones de pesos), solamente en áreas públicas, sin contar costos como el de la nueva térmica a gas.

El desarrollo de la infraestructura portuaria no para aquí, con las tres terminales que arrancarían obras este año. En la ANI se encuentran en fila otras 15 solicitudes de concesión –que no saldrían este año– para hacer terminales en diferentes puntos del país y cuyas inversiones superan los 3 billones de pesos.